Ni estamos en «1984», ni las capitales de provincia de Castilla y León se han convertido en pequeños estados totalitarios, aunque muchas de ellas sí cuentan con un vigilante Gran Hermano. Lejos de aquel Londres virtual del que hablaba George Orwell en su novela, la videovigilancia se ha convertido en ciudades como Salamanca, León y, próximamente, Palencia, en un recurso «efectivo» para combatir el vandalismo en el centro histórico.

En menos de un año se han instalado en la región castellano y leonesa 39 videocámaras (pronto tres más en Palencia) en las calles de diferentes provincias con el objetivo primordial de combatir el vandalismo y preservar el patrimonio histórico y cultural. En ocasiones, los vecinos demandan que se instalen estos dispositivos de seguridad y otros, en cambio se sienten incómodos por estar constantemente «vigilados».

Lo que entonces para unos es símbolo del miedo y una desventaja, para otros es una verdadera ocasión de «disuasión de delitos». Así lo afirma el concejal de Seguridad Ciudadana de Salamanca, Francisco Albarrán, quien define las videocámaras como «agentes de la policía silenciosa». Allí funcionan 17 cámaras de seguridad desde el 11 de diciembre de 2009 con «muy buenos resultados hasta el momento», como asegura el concejal encargado de este área en la ciudad. La iniciativa de la videovigilancia en la capital salmantina surgió de una demanda de los propios ciudadanos y las propias asociaciones vecinos, así como de una decisión del Procurador del Común. «Eran demasiadas las agresiones que se estaban produciendo contra el patrimonio cultural», afirmó Francisco Albarrán.

Similar es la situación de León, que cuenta con 23 videocámaras instaladas desde el 21 de enero de 2010. El concejal de Seguridad Ciudadana de Zamora, y el de León, José Antonio Díez, coinciden en la restricción legal a la hora de llevar a cabo el proyecto. Primero se necesita la autorización de la Delegación del Gobierno, previo dictamen favorable de la Comisión de Garantías que está encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León e integrada por el fiscal jefe de la Comunidad, un abogado del Estado designado por el director del Servicio Jurídico del Estado, un representante de la Administración General del Estado y un representante de los municipios de la Comunidad.

En los dos ayuntamientos castellano y leoneses donde hay instaladas videocámaras se prevé aumentar su número, según han afirmado los respectivos concejales encargados del área de Seguridad Ciudadana. «A pesar de las restricciones desde el punto de vista de las autorizaciones que otorga la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Castilla y León vamos a intentar dos nuevas ubicaciones en el entorno histórico de nuestra ciudad», detalló a ABC el concejal de León, José Antonio Díez.

Los delitos que más se han reducido en las ciudades con videovigilancia en sus calles son los relacionados con tráfico de drogas, intentos de hurtos o robos en establecimientos y los graffitis. «Para nosotros es muy importante el uso de los vídeos como prueba clara y eficiente para los juicios en cuanto al hecho en sí», aseguró el concejal leonés.

Un tema como es la grabación de los viandantes en lugares públicos conlleva un escrupuloso seguimiento de las leyes. Éstas contemplan que la gestión de las imágenes se realizará desde la Policía Local y que las zonas controladas tendrán un distintivo informativo visible. Además, la Delegación del Gobierno, establece, en cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, una serie de requisitos, como que la grabación será sólo de imágenes sin sonido y que las cámaras deben tener limitado su ángulo de acción. Las imágenes tomadas deben ser destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves.

ABC.es     25/07/2010